Les noves normes imposen obligacions a les persones que no tinguin dret a romandre a la UE. Estableixen els procediments a escala de la UE per al seu retorn, incloses normes més estrictes per al retorn de les persones que representin una amenaça per a la seguretat.

Les normes preveuen més eines perquè els Estats membres puguin aplicar els retorns. També deixen oberta la possibilitat que els Estats membres estableixin centres de retorn en països que no pertanyin a la UE.

Totes les mesures relacionades amb el retorn s’han de dur a terme respectant plenament els drets fonamentals.

"Aproximadamente dos de cada tres personas a las que se ha ordenado abandonar la UE en realidad no lo hacen. Las normas revisadas sobre los retornos que se han adoptado hoy ayudarán a los Estados miembros a aplicar eficazmente los retornos rápidos, algo que resulta crucial para plantear la gestión de la migración de una manera común en el marco del Pacto sobre Migración y Asilo". – Jim O’Callaghan, ministro de Justicia, Interior y Migración de Irlanda.

Obligaciones de las personas sin derecho de permanencia

Las nuevas normas imponen a los nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en los Estados miembros la obligación de abandonar el Estado miembro en cuestión y de cooperar con las autoridades. El incumplimiento de la obligación de cooperar puede dar lugar a sanciones, como la reducción de las prestaciones y los subsidios concedidos de conformidad con el Derecho nacional, la denegación de incentivos concedidos para promover el retorno voluntario, multas o incluso sanciones penales, cuando estén previstas en el ordenamiento jurídico nacional.

Orden europea de retorno y reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno

Las nuevas normas introducen la orden europea de retorno, un formulario en el que los Estados miembros deberán consignar los elementos clave de la decisión de retorno. Así, los Estados miembros dispondrán de la información necesaria para reconocer las decisiones de retorno dictadas por otros Estados miembros.

Por el momento, el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno seguirá siendo voluntario y se volverá a evaluar cuando hayan pasado tres años de la entrada en vigor de las nuevas normas. A partir de ahí, la Comisión podrá presentar una propuesta legislativa para hacer obligatorio el reconocimiento mutuo.

Retorno de las personas que planteen riesgos para la seguridad

Las nuevas normas introducen medidas especiales para los nacionales de terceros países que planteen un riesgo para la seguridad. Por ejemplo, los Estados miembros pueden dictar una prohibición de entrada indefinida, cuando esté justificado y sea proporcional al riesgo para la seguridad que plantee, o internar a dichos nacionales de terceros países durante un período superior a 24 meses.

Més informació (Consell de la Unió Europea)